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La intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país, desató una ola de preocupación, protestas y reclamos. Hay directivos detenidos, fondos públicos comprometidos y sectores políticos que impulsan un juicio político contra el mandatario Santiago Peña.

Paraguay atraviesa una de las mayores crisis financieras y políticas de los últimos tiempos, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes.
La medida se tomó tras detectarse un grave deterioro en su índice de solvencia, que cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido. Como consecuencia, quedaron suspendidos todos los servicios de la entidad, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y aplicaciones digitales.
La situación generó escenas de preocupación en distintas ciudades paraguayas. Clientes se acercaron a las sucursales para intentar retirar su dinero y obtener explicaciones, pero encontraron las puertas cerradas y no pudieron operar con sus cuentas.
El problema afecta directamente a trabajadores, comerciantes, pequeños emprendedores y jubilados que utilizaban la entidad para cobrar sus salarios, realizar pagos y afrontar sus gastos cotidianos.
Uno de los aspectos que más preocupa es que muchas personas tenían allí el dinero destinado a pagar sueldos, proveedores y compromisos económicos inmediatos.
El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, equivalente a unos 38.600 dólares. Sin embargo, quienes tienen depósitos superiores a ese límite enfrentan mayor incertidumbre sobre la recuperación total de sus fondos.

La crisis no afecta solamente a los clientes particulares. El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal que administra recursos previsionales y de salud, mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank.
Además, alrededor de 32.000 jubilados cobraban sus haberes a través de esa entidad. Las autoridades anunciaron medidas para trasladar esos pagos a otro banco y garantizar que las jubilaciones continúen abonándose con normalidad.
La situación también encendió las alarmas por los recursos de otras instituciones públicas que operaban con la entidad financiera.

El conflicto también llegó al terreno político. Durante las últimas horas se realizaron manifestaciones en Asunción, donde ciudadanos reclamaron la devolución de sus ahorros y expresaron su rechazo a la gestión del Gobierno.
Algunos manifestantes piden directamente la renuncia del presidente Santiago Peña, mientras que sectores de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.
Este miércoles 4 de noviembre, un grupo de ciudadanos permanecía en vigilia frente al Congreso paraguayo para exigir respuestas sobre sus depósitos y respaldar el pedido de juicio político.
Por su parte, el presidente Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien presentó su dimisión en medio de los cuestionamientos por la supervisión de la entidad financiera.
El mandatario también anunció que buscará acelerar una iniciativa legislativa para utilizar el Fondo de Garantía y comenzar a devolver los depósitos a los ahorristas.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales y se producen detenciones de directivos de Ueno Bank, miles de ciudadanos esperan respuestas concretas sobre cuándo podrán recuperar su dinero.
El caso abrió un fuerte debate sobre los controles financieros, la utilización de fondos públicos y las responsabilidades políticas en torno a una entidad que llegó a tener millones de clientes.
Por ahora, el reclamo social crece y la crisis dejó de ser exclusivamente bancaria para convertirse en un conflicto que pone bajo presión al Gobierno paraguayo.
