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La propuesta incorpora por primera vez delitos ambientales como figuras penales autónomas, incluyendo el ecocidio. El proyecto será debatido en sesiones extraordinarias y retoma iniciativas previas que ya buscaban castigar con mayor fuerza el daño grave al ambiente.
Un paso clave para la protección ambiental
Argentina podría estar a punto de dar un giro trascendental en su marco legal: por primera vez, los delitos ambientales serían reconocidos de manera explícita dentro del Código Penal. Según trascendió en un borrador del anteproyecto de reforma integral impulsado por el Gobierno, la iniciativa incluye la figura de ecocidio, una categoría largamente reclamada por organizaciones ambientales y especialistas en derecho ambiental.
El texto final está listo para ser enviado en los próximos días al Congreso, donde será tratado en el marco de las sesiones extraordinarias.
Antecedentes: años de proyectos y reclamos
Desde hace más de una década, diversos bloques legislativos presentaron iniciativas para incluir delitos ambientales en el Código Penal o, directamente, para incorporar el ecocidio como categoría autónoma. Ninguna logró avanzar lo suficiente como para convertirse en ley, pero dejaron instalada la necesidad de actualizar la normativa penal frente al aumento de daños ambientales graves.
Qué se entiende por ecocidio
La definición utilizada toma como referencia el Estatuto Modelo impulsado por organizaciones globales como Stop Ecocidio:
“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.”
Esta conceptualización coloca en el centro la intención, la negligencia grave y el impacto ambiental sostenido, factores clave para la imputación penal.
Proyectos previos y jurisprudencia reciente
A mediados de este año, la diputada Margarita Stolbizer presentó un proyecto que incluía un capítulo especial sobre delitos ambientales y proponía considerar el ecocidio como agravante. Más allá de los debates legislativos, la Justicia argentina también marcó un antecedente al calificar como ecocidio la masacre de pingüinos ocurrida en Punta Tombo, un fallo que reactivó el reclamo por herramientas penales más contundentes.
Qué podría cambiar si se aprueba
De avanzar esta reforma, Argentina se sumaría a un movimiento internacional que busca penalizar de manera más severa el daño ambiental grave, colocando al país entre los que reconocen al ambiente como un bien jurídico de máxima protección.
La discusión en el Congreso será determinante: aún resta definir penas, alcances, criterios técnicos y el modo en que estos delitos convivirán con normativas ambientales ya existentes.
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