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AnÁlisis de especialista
El abogado constitucionalista Mario Midón fue consultado sobre la llamativa disipación de Milei de pedirle ahora al Congreso que le precise de dónde obtener los recursos para financiar la normativa. También confirmó que los afectados pueden recurrir a la Justicia.
De manera contundente, el abogado constitucionalista Mario Midón afirmó que el Presidente no tiene facultades de no aplicar la ley. Lo dijo al ser consultado sobre el caso de un nuevo freno para aplicar la Ley de Discapacidad, que ya fue vetada por Javier Milei, pero logró la ratificación e insistencia de ambas cámaras legislativas por amplia mayoría.
Midón habló en una entrevista radial y, en principios, recordó que «en su momento, y en relación a esta iniciativa, el Jefe de Estado la había vetado, pero fue descalificado por el Congreso. En razón del veto presidencial, el proyecto volvió al Congreso y ambas cámaras insistieron con dos tercios. Y de acuerdo a la normativa vigente y la Constitución, ese proyecto pasa a convertirse en ley y como es ley, el Presidente y todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirla, más allá de que nos guste o no», acentuó.
En este sentido, insistió en que «esto hay que decirlo de manera determinante, porque resulta que al mecanismo de formación ordinaria de la ley se le agrega en favor de las atribuciones del Ejecutivo un nuevo paso que conspira contra el Congreso, porque de acuerdo a lo que dice el Presidente- el Legislativo le tiene que decir con qué fondos se va a financiar la ley en cuestión», marcó Midón en diálogo con FM Sudamericana.
«Esto puede ser muy plausible, pero no hay ninguna norma, ni disposición que le fije al Congreso el deber de establecer con qué ley, con qué disposición, partida o ítems se va a cumplir la normativa que dio. Esto último, la de fijar partidas para cumplir la ley, es un atributo exclusivo del Poder Ejecutivo. De modo que carece de la potestad que ha utilizado», subrayó el abogado especialista y docente universitario.
En este contexto también resaltó que «como consecuencia de este desacierto legislativo, los afectados por esta determinación del Poder Ejecutivo, válidamente podrán presentarse ante los tribunales demandando justicia. Porque no es posible que respecto de una ley de la Nación, el Congreso cumpla todos sus deberes y el Ejecutivo, cuando debe cumplir, chicanee de esta forma grosera», sostuvo Midón.
«Cada persona que se considere afectada puede acudir a la Justicia para hacer cumplir la ley. Y obtener en lo inmediato de la Justicia una medida cautelar. Es decir, una media que imponga en el caso en particular en que se plantee la cuestión al Ejecutivo el deber de cumplir o cumplir. No se trata de opiniones, sino de prescripciones constitucionales que son las que están en juego», planteó.
Fuente: Época
Autor: Portal Corrientes
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