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El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la inmediata detención de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, quien fue condenado a cuatro años de prisión por utilizar una investigación vinculada al narcotráfico para ordenar intervenciones telefónicas de su esposa y de un hombre cercano a ella.

La medida fue adoptada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena, al desestimar el último recurso presentado por la defensa. De esta manera, Molina deberá comenzar a cumplir de manera efectiva la pena impuesta.
Según la resolución judicial, la captura fue encomendada a Gendarmería Nacional, que deberá localizar al condenado en el último domicilio registrado en la provincia del Chaco. En principio, permanecerá alojado en una dependencia de esa fuerza hasta que se concrete su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Cómo se descubrió el espionaje
La causa se inició a partir de un hallazgo ocurrido el 15 de marzo de 2019, cuando se realizaba un relevamiento de expedientes y elementos secuestrados en el Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes.
Durante ese procedimiento, un empleado entregó a la secretaria subrogante 28 discos que contenían grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas. Los soportes estaban guardados en el despacho que anteriormente había ocupado Molina.
Los discos llevaban como referencia el oficio 178/13, correspondiente a una causa por narcotráfico de 2013. Sin embargo, al revisar su contenido, se detectó que las líneas telefónicas intervenidas no pertenecían a los investigados en aquel expediente.
Las escuchas correspondían, en realidad, a Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y a Norberto Fabián Sucatzky, un allegado de la mujer y expareja de su adolescencia.
La investigación estableció que Molina habría utilizado información y herramientas propias de una causa judicial para vigilar las comunicaciones de ambos, motivado por la sospecha de una supuesta infidelidad.
Ante la irregularidad, el entonces juez subrogante Juan Carlos Vallejos ordenó dejar constancia del hallazgo y derivó la investigación al Ministerio Público Fiscal.
Una condena que ahora deberá cumplir
Molina ya había dejado su cargo como secretario judicial al momento de descubrirse las grabaciones y se encontraba detenido por otra investigación, relacionada con una presunta asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes y que también involucraba al entonces juez Carlos Vicente Soto Dávila.
Con la decisión de la Corte Suprema, la condena de cuatro años quedó firme y el Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó ahora su captura y posterior traslado a una cárcel común, para que comience a cumplir la pena.
Info: Radio Dos