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Los estados de Estados Unidos acusan a la empresa de haber diseñado deliberadamente funciones para generar adicción en menores y de recopilar datos de niños sin autorización. Reclaman sanciones que, en teoría, podrían alcanzar los US$1,4 billones.

Uno de los juicios más importantes que enfrenta Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, comenzará esta semana en California y podría marcar un antes y un después en la relación entre las grandes plataformas digitales y la protección de niños y adolescentes.
El proceso se iniciará este martes en un tribunal federal de Oakland y tiene como protagonistas a cuatro estados: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. La demanda fue presentada en 2023 junto con otros estados que podrían avanzar posteriormente con procesos similares.
Los fiscales generales acusan a Meta de haber diseñado de manera deliberada determinadas funciones de sus plataformas para atraer, retener y generar dependencia en los usuarios más jóvenes, contribuyendo así a la crisis de salud mental que afecta a niños y adolescentes.
La demanda también sostiene que la compañía recopiló información personal de menores de 13 años sin contar con el consentimiento de sus padres, lo que supondría una violación de la legislación federal estadounidense.
Una posible sanción de US$1,4 billones
Uno de los aspectos que convirtió al proceso en un caso de enorme trascendencia es el monto de los daños que, en teoría, podrían reclamarse.
Meta calculó en una presentación judicial que las sanciones potenciales podrían llegar hasta US$1,4 billones, una cifra equivalente a 1,4 millones de millones de dólares.
El monto es cercano al valor total de mercado de la compañía. Si se aplicara una sanción de esa magnitud, Meta no tendría capacidad para afrontarla y podría quedar al borde de la quiebra.

Sin embargo, especialistas en derecho consideran muy poco probable que el tribunal termine imponiendo una multa cercana a esa cifra. El juez tendría un amplio margen para determinar el monto final y existen antecedentes en los que los tribunales redujeron considerablemente las sanciones potenciales.
“Una indemnización de ese tamaño llevaría a Meta a la bancarrota”, explicó James Grimmelmann, profesor de Derecho de la Universidad de Cornell, aunque consideró que un escenario de esas características resulta extremadamente improbable.
Meta rechaza las acusaciones
La empresa de Mark Zuckerberg niega las acusaciones y sostiene que las pruebas demostrarán las medidas que tomó para proteger a los usuarios jóvenes.
En los últimos años, Meta incorporó diferentes herramientas de seguridad. Entre ellas se encuentran las cuentas para adolescentes de Instagram, implementadas en 2024, que son privadas por defecto, tienen restricciones de contenido y mensajería y permiten controles parentales.
La compañía también utiliza inteligencia artificial para intentar detectar si un menor de 13 años está utilizando Instagram o si un adolescente falseó su edad para acceder a una cuenta destinada a adultos.
Aun así, los estados consideran que estas medidas no son suficientes y buscan que la Justicia obligue a Meta a introducir cambios más profundos en el funcionamiento de sus plataformas.
Un antecedente que aumenta la presión sobre Meta
El juicio llega después de que Meta enfrentara otros procesos relacionados con los efectos de las redes sociales sobre menores.
A comienzos de este año, un tribunal de Los Ángeles condenó a Meta y a YouTube, propiedad de Google, a pagar US$6 millones a una joven que aseguró haberse vuelto adicta a las redes sociales durante su infancia.
Ese caso fue considerado una prueba para miles de demandas similares. El jurado concluyó que ambas compañías fueron negligentes en el diseño o funcionamiento de sus plataformas y que conocían los posibles riesgos para los menores.
Además, Meta informó recientemente un descenso inusual en sus ganancias, en parte relacionado con US$2.400 millones en gastos legales.
Más allá del dinero, buscan cambiar las redes sociales
El resultado del juicio podría ser importante no solamente por el impacto económico.
Los estados también pretenden conseguir cambios estructurales en Facebook e Instagram, especialmente en la forma en que las plataformas funcionan para niños y adolescentes.
En Nuevo México, por ejemplo, un juez ordenó recientemente nuevas medidas de protección para los menores, entre ellas límites de tiempo, restricciones para determinados chatbots de inteligencia artificial y advertencias obligatorias.
Ahora, el proceso federal que comienza en California podría convertirse en uno de los casos más relevantes para determinar hasta dónde pueden llegar las empresas tecnológicas en el diseño de plataformas destinadas a captar la atención de los usuarios y qué responsabilidad tienen frente a los posibles efectos sobre la salud y seguridad de los menores.
El caso será seguido de cerca por otros estados y por miles de familias que mantienen demandas similares contra las grandes compañías tecnológicas.
Fuente: AP / LA NACION